El Pleno del Congreso ha celebrado recientemente el debate de admisión a trámite de la proposición de ley para poner en marcha un régimen sancionador contra la morosidad, que ha contado con el respaldo de todos los partidos políticos. La proposición de ley contempla la creación de un Observatorio Estatal de la Morosidad en las operaciones comerciales, medidas de impulso a la transparencia en los plazos de pago en las sociedades mercantiles y sanciones de hasta 6.000 euros para las infracciones leves, de entre 6.000 y 100.000 euros para las graves, y de hasta un millón de euros para las más graves.
Se incluye asimismo la prohibición de pactar entre las partes un plazo superior al establecido legalmente, y se modifica la regulación del IVA, para modificar la base imponible de las facturas no cobradas y reducir el plazo para considerar una factura incobrable, establecido actualmente en seis meses.
“Las pymes necesitan con urgencia una regulación de la morosidad”, asegura el presidente de la Asociación de Empresas del Comercio e Industria del Metal de Madrid (AECIM), Luis Collado, quien explica que “los 130.000 millones de euros de demora en pagos afectan fundamentalmente a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país, que conforman el 90% del tejido empresarial”.
En concreto, de acuerdo a los datos de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), las empresas presenten en la Bolsa española, incluyendo las del Ibex 35, tenían facturas por pagar a sus proveedores por valor de 122.000 millones de euros, a los que se suma la deuda de las administraciones de 8.621 millones de euros. El presidente de la patronal madrileña insta a “garantizar la cadena de pagos” y considera que esta es “la vía para atender las necesidades de financiación de las pymes españolas, en un momento especialmente delicado por la crisis del COVID-19”.
Desde la Plataforma contra la Morosidad advierten asimismo de que, en el peor escenario económico proyectado por el Banco de España, con una caída de hasta el 15% del PIB, el conjunto de empresas requerirá de 238.000 millones de euros. “Es preciso mejorar los procedimientos de pago y cumplir con los plazos para asegurar la liquidez del sector”, asevera Luis Collado, que celebra el apoyo mayoritario en la sesión plenaria del Congreso a la proposición de Ley y destaca que la lucha contra la morosidad es un objetivo prioritario de la organización empresarial.
Fuente: Metales y Metalurgia